Enrique Eichin ante la Comisión Investigadora sobre Derecho de Reunión y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de Chile
Valparaíso, 17 de julio de 2013
Señoras y señores Diputados:
Me llamo Enrique Eichin Zambrano.
El pasado 11 de abril, mientras nos retirábamos, mi compañera, su hija y yo de la multitudinaria marcha estudiantil que se llevó a cabo ese día, fuimos testigos del brutal actuar de Carabineros contra un grupo de estudiantes. Uno de los balines de pintura, que un funcionario de FF.EE de Carabineros disparaba a diestra y siniestra contra la masa de manifestantes, impactó uno de mis ojos haciéndolo estallar. Hoy, a 97 días de la agresión, no sólo perdí la visión en mi ojo impactado, sino que tras 56 días de encomiables esfuerzos de parte de especialistas del Hospital del Salvador y de los puestos para mi atención solidaria por el Colegio Médico de Chile, hubo que desistir de la intención de salvar mi globo ocular: hace 37 días mi ojo inició un proceso de atrofia y los esfuerzos médicos se abocan hoy en el seguimiento de las condiciones para la pronta inserción de una prótesis.
El 15 de abril, estando hospitalizado, fui visitado en dos oportunidades por funcionarios de Carabineros de la 19ª Comisaría de Providencia, quienes se interiorizan de la gravedad de mi herida ocular y de las circunstancias que la originaron. Por iniciativa de ellos y en ningún caso mía, se ingresó una denuncia en la 4ª Fiscalía Militar dando origen a la causa Nº 837-2013 por el “presunto” delito de lesiones graves. Tres días más tarde, el día 18 de abril se ingresaron en la Dirección General de Carabineros las denuncias administrativas, siendo recepcionadas por el Coronel Palavicino junto a 2 altos Oficiales y que fueran firmadas por 5 ciudadanos que, en la misma manifestación, resultamos heridos en nuestros ojos por balines de pintura disparados por miembros de FF.EE. Esto da cuenta de que no se trata de un efectivo que actuó por su cuenta sino de un patrón de conducta circunscrito a una instrucción institucional. El día 24 de abril, el Coronel Renato Avello García, Fiscal que lleva la Investigación Interna de Carabineros, me afirmó que él investigaría sólo mi caso personal. Al parecer tras la denuncia que hiciéramos de esta situación (el 6 de mayo) ante la Comisión de DD.HH de la Cámara de Diputados, el Coronel Avello recibió la instrucción de su superioridad institucional de investigar los otros 4 casos o al menos el de Germán Grunert. El mismo día 24, informé al Coronel Avello de la pérdida de mi visión en el ojo herido y puse a su disposición 3 fotografías para que investigara y me confirmara la veracidad de los antecedentes que le proporcionaba. En estas fotos aparece un oficial de FF.EE disparando, en el momento y frontalmente, hacia donde resulté herido. Hago este pormenorizado relato para expresar la sensación de burla que me produjo leer, el 7 de mayo, en un artículo del diario La Tercera la opinión vertida por el Director General de Carabineros, con ocasión del levantamiento de la suspensión del uso de balines de pintura, justo un día antes de la segunda marcha convocada por la CONFECH, en la que afirma “no hemos recibido (información) de algún daño mayor que se haya provocado. No tenemos conocimiento de eso”. Dicha afirmación tiene sólo 2 lecturas posibles: el General Director no está al tanto de lo que ocurre en la institución que él dirige o lisa y llanamente está deliberadamente faltando a la verdad.
La justificación “técnica” para levantar la suspensión del uso de pistolas de pintura, publicitada en el citado artículo de La Tercera, es frágil y contradictoria. El que sólo “se recomiende no disparar al rostro de manifestantes” significa que tal eventualidad será tolerada. Se anuncia que dotarán a estas armas de “instrumentos de mayor precisión” para concluir que “estamos viendo si existe otro dispositivo que tenga mayor certeza”. Tras la suspensión de estas armas, entre el 2010 y 2012, el uso restringido de ellas recae hoy en tenientes y capitanes y difícilmente se resolverá el que coroneles y generales salgan a disparar. El Colegio Médico, la Sociedad Oftalmológica de Chile, organizaciones civiles de DD.HH. y expertos en este tipo de armamentos no han sido considerados en el “informe técnico” realizado por los mismos que hoy hieren a manifestantes.
El derecho que tenemos los ciudadanos a manifestarnos está consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos suscrita por nuestro país. Todo intento de amedrentar e inhibir a la ciudadanía de ejercer dicho derecho constituye una violación de los Derechos Humanos. La aplastante mayoría de los manifestantes no nos merecemos ser sujetos de ningún tipo de agresión de parte de quienes tienen la función constitucional de protegernos. Ciertamente la dependencia, forma y pertrechos que rigen el actuar de Carabineros se circunscriben a una decisión esencialmente política y no técnica. El que la intensidad de la represión se concentre sobre aquellas manifestaciones que cuestionan los intereses económicos de una ínfima minoría que concentra la riqueza del país, no es casual y sin duda responden a una decisión política. Si no fuese así, no se justifica la complicidad gubernamental ante el violento actuar represivo ni la tolerancia ante expresiones belicistas circunscritas a una trasnochada Doctrina del Enemigo Interno. Quienes deben responder en primer término por el incremento de la represión son los autores intelectuales y no los autores materiales de este proceder represivo.
El 8 de mayo, durante un marcha convocada por los estudiantes, un joven periodista de CNN-Chile fue cobarde y brutalmente agredido por civiles aún no identificados. Llama la atención que, mientras las víctimas de la represión del día 11 de abril seguimos esperando respuesta a nuestra solicitud de audiencia presentada el 19 de abril en la Oficina de Partes del Palacio de la Moneda, el ministro Chadwick reaccione --esta vez-- con tal celeridad condenando la agresión al joven periodista. Condena que por cierto comparto, no así su llamado a la pronta aprobación de la denominada Ley Hinzpeter, que sólo persigue restringir y conculcar derechos ciudadanos y criminalizar la protesta social.
Finalmente, quisiera agregar mi preocupación porque, como bien deben saber, el año 2005, a raíz del caso Palamara Iribarne, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Chile la necesaria Reforma a la Justicia Militar para que bajo ninguna circunstancia un civil sea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares como sigue ocurriendo en la actualidad. El que no se implemente dicha orden constituye un verdadero escollo para el derecho a la justicia y el respeto a los DD.HH. que se nos debe a los ciudadanos. Me preocupa no sólo por el hecho de que obviamente la cancha está desnivelada en perjuicio de los civiles, sino también porque estimula y representa una especie de garantía de impunidad al actuar violento de parte de agentes del Estado. Creo que es un acto de denegación de justicia el que Jueces y Fiscales posean la posibilidad de declararse incompetentes ante sucesos en que civiles son víctimas del actuar violento de uniformados.
En virtud de todo lo expuesto, demando que esta Comisión de la Cámara de Diputados:
1- Exija, ante quien corresponda, la prohibición inmediata del uso de armamento que ocasiona lesiones a ciudadanos en el ejercicio de sus derechos consagrados en la Declaración Universal de DD.HH y suscritos por nuestro país.
2- Respecto del sumario administrativo que lleva Carabineros, solicito se recabe información sobre el estado de avance de las causas.
3- Solicito el uso de todas las facultades de esta Comisión para que, de una vez por todas, se acate el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resuelva este punto vergonzoso de la Justicia Chilena.
Termino, agradeciendo a los miembros de esta Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, participantes en esta sesión, la oportunidad que se me otorga de expresar mis denuncias y la confianza de que esta Comisión actuará en consecuencia.
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En esta reunión con la Comisión Investigadora sobre Derecho de Reunión y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, participaron los doctores Alvaro Reyes y Enrique Morales, por el departamento de derechos humanos del Colegio médico de Chile. Estuvieron presentes personeros de la Casa Memoria José Domingo Cañas, del Instituto Igualdad. No asistieron a la reunión otras víctimas de Carabineros. Sorprendentemente, se constató una presencia masiva de policías, miembros de las Fuerzas Especiales, encabezados por el general Alejandro Olivares González (17/07/2013).
Comentarios
La comisión investigadora sobre el Derecho de Reunión y Seguridad Pública, presidida por el diputado Rodrigo González, realizó su última sesión con invitados, antes de reunirse el lunes 29 de julio en Santiago, para ver las conclusiones y proposiciones que debe contener el informe que la instancia presentará a la Sala.
UCV Radio - 07/2013La comisión tuvo como principal objeto analizar la utilización de balines de pintura y medios disuasivos por parte de Carabineros en las manifestaciones públicas, para lo cual recibió al General Alejandro Olivares, Jefe de Zona, Control de Orden Público e Intervención de Carabineros de Chile.
Además, los legisladores analizaron el derecho de reunión y actuación de la fuerza pública y escucharon vivencias de Carabineros de Fuerzas Especiales, de diferentes grados, que participan en el control de manifestaciones públicas.
De igual manera, se escuchó al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico, doctor Álvaro Reyes y conoció el testimonio del arquitecto Enrique Eichin, herido por el impacto de un balín de pintura durante una manifestación.
Al término de la cita, el diputado González (PPD), señaló que “hemos analizado todos los medios disuasivos que tiene carabineros; balines de pinturas, gases lacrimógenos y carros lanza aguas, y que han causado lesiones muy importantes a personas que han participado en manifestaciones, con graves efectos sobre la salud”.
En el caso de los balines de pintura, precisó el legislador, “carabineros ha reconocido que no pueden seguir siendo utilizados -al menos transitoriamente”, no obstante ello, agregó. “lo que nosotros vamos a pedir es que esos balines de pintura sean erradicados como medio disuasivo por parte de carabineros”.
González destacó, además, que “se planteó a carabineros que se preocupen de identificar a los elementos antisociales que se infiltran en las manifestaciones y que utilizan la protesta social como un medio para expresar formas violentas de acción que son absolutamente repudiables”. “Creemos que este debiera ser el principal foco de preocupación por parte de carabineros, ya que parte de la misión de la institución es proteger el derecho a reunión”, indicó.
Por último, el diputado González sostuvo que es muy importante para él, como presidente de la comisión, que “en las conclusiones se fije un marco jurídico general de carácter legal, aprobado por el Congreso Nacional que sea el que regule el derecho a reunión y seguridad pública, puesto que hoy día este marco legal no existe”.
España
Las balas de goma en la valla de Melilla
En la tarea de recoger material y denuncias de hechos relacionados con el uso de balas de goma en el Estado Español, señalamos el numero impresionante de casos de su uso por parte de la Guardia Civil contra los inmigrantes que intentan saltar la valla de Melilla. Un uso habitual y sistemático.
La matanza de inmigrantes en la valla de Melilla se enfrenta siempre con un muro de silencio mediático, mas alto aun de las fronteras españolas. Las noticias sobre los casos, la mayoría de estas difundidas por la Centro de Documentación Contra la Tortura y SOS Racismo, se refieren a 9 años de abuso indiscriminado de balas de goma utilizadas también a muy corta distancia por parte de la Guardia Civil ...
Continuación ...
STOP Bales de Goma
( desde Francia )
Flashball, peur et mutilation
Par Clément Alexandre, Florent Castineira, Joan Celsis, John David, Pierre Douillard, Joachim Gatti et Salim blessés et mutilés par la police française
Nous avons en commun le fait d’avoir été blessés et mutilés par la police française après avoir reçu un tir de flashball en pleine tête. Etre touché par une de ces armes, c’est s’effondrer, être évacué, hospitalisé et subir par la suite un nombre considérable d’interventions chirurgicales lourdes qui s’étendent sur plusieurs mois. Les lésions sont nombreuses et irréversibles : œil crevé, décollement de la rétine, enfoncement du plancher orbital, multiples fractures, dents cassées, joue arrachée, etc. Pour plusieurs d’entre nous, l’implant d’une prothèse a été nécessaire. Sans parler des migraines, des cauchemars et de la peur chevillée au corps. A Marseille, un homme, Mostefa Ziani, est mort d’un arrêt cardiaque après avoir été touché en plein thorax. Le flashball peut donc tuer à bout portant et il produit des dommages qui ne sont en rien des accidents. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, équiper la police avec ces armes, c’est lui reconnaître le droit de mutiler. Ce qu’elle a bien compris.
S’il n’existe aucune réparation possible, il est difficile de laisser le terrain libre à la violence policière. Plusieurs d’entre nous ont porté plainte contre l’auteur du tir. Sans succès. A Nantes, le policier qui a tiré sur Pierre Douillard en 2007 et dont l’identité est clairement établie bénéficie d’une relaxe : sa responsabilité ne peut être engagée puisqu’il a obéi à un ordre. A Toulouse par contre, pour Joan Celsis, blessé en 2009, le juge ordonne un non-lieu au motif cette fois que l’identité du tireur n’est pas établie. A Montreuil, pour Joachim Gatti, le procureur bloque le dossier depuis maintenant deux ans. Sans surprise, la justice couvre la police. Il y a belle lurette en effet que l’action de la police s’est affranchie du droit. Pour le flashball, les distances de sécurité et les zones autorisées ne sont jamais respectées, pas plus que le tir ne correspond à un état de légitime défense comme le prescrit pourtant la réglementation officielle.
Face aux limites du pénal, nous nous sommes lancés dans une nouvelle procédure. Clément Alexandre, le collectif Face aux armes de la police et leur avocat, Etienne Noel, ont déposé en octobre 2012 une requête au Tribunal administratif qui consiste à attaquer directement la responsabilité du préfet de police et plus seulement le policier qui tire en pleine tête, même si celui-ci mérite tout notre mépris. Pour la première fois, l’Etat a été condamné mercredi, le 18 décembre, à verser une indemnité et sa responsabilité est reconnue, tout comme le lien entre la blessure et le flash-ball. D’autres jugements sont attendus. Nous pensons que sur le terrain juridique, il est capital de multiplier ce type de riposte.
Toutes ces blessures rendent lisible la façon dont la police maintient l’ordre. Chaque fois derrière nos noms propres, il y a des complicités et des amitiés – souvent des luttes. A Nantes, des lycéens et des étudiants occupent un rectorat. A Toulouse, des dizaines d’étudiants sortent d’un Monoprix sans payer pour protester contre la précarité étudiante. A Montreuil, des habitants se rassemblent contre l’expulsion d’un squat. Et des lycéens bloquent leur établissement pour protester contre une énième réforme des retraites. A Notre-Dame-des-Landes, des milliers de personnes résistent à un projet d’aéroport : parmi les centaines de blessés, certains se retrouvent avec des bouts de métal sous la peau. A Strasbourg, des métallos manifestent contre ArcelorMittal. A Montpellier, c’est un groupe de supporteurs qui est visé. Dans les quartiers populaires, le flashball fait partie de la vie quotidienne et intervient systématiquement quand les habitants se révoltent contre la violence de la police. C’est le cas à Trappes pour Salim, qui cet été, a eu le malheur de se trouver à proximité du commissariat où des habitants protestent contre une arrestation musclée. Mais aussi à Montbéliard, Villemomble, etc.
Ce que la langue policière appelle littéralement «neutraliser une menace» désigne de toute évidence la nature réelle du flashball : écraser et faire taire ce qui échappe au pouvoir. C’est là le travail normal de la police. Mais ce qui est nouveau, c’est la méthode utilisée. Le flashball est le nom d’un nouveau dispositif politique qui repose sur la peur et la mutilation – en un mot la terreur. Il s’agit cette fois de frapper les corps mais aussi les cœurs et les esprits en nous marquant dans notre chair et dans celles de nos amis. Présenté comme défensif, le flashball est clairement une arme offensive qui donne à nouveau à la police le pouvoir de tirer sur la foule. Le déploiement de la violence policière, en l’état actuel du rapport de force, ne doit pas entraîner la mort. Mais la police doit être assurée de rester la plus forte pour que l’ordre soit maintenu.
Cette militarisation des opérations de police exprime la vérité d’une époque : le développement de ces armes depuis maintenant dix ans s’explique par le fait qu’elles ont manqué dans certaines émeutes. Qu’en Tunisie, une foule déterminée puisse faire tomber un gouvernement dont la longévité semblait assurée indique assez l’angoisse qui habite le pouvoir à tout moment. Le terrain d’intervention véritable du flashball, c’est la révolte.
En maintes occasions, la police se présente comme un obstacle – à nos mouvements, à nos désirs et à nos luttes. La question de savoir comment le défaire mériterait d’être prise au sérieux. Si les blessures se produisent toujours dans des moments de tension, se défendre et se protéger devient une question pratique dont la nécessité a pu être éprouvée en Grèce, comme à Notre-Dame-des-Landes où des boucliers sont apparus ; de la place Tahrir à la place Taksim, où des milliers de manifestants venaient casqués. Quand Michèle Alliot-Marie propose d’exporter le savoir-faire de la police française en Tunisie, nous pensons plutôt à importer la puissance des révolutions arabes.
C’est parce que nous demeurons attachés à nos luttes et à nos amitiés que nous ne nous laisserons pas terroriser par le flashball. Là où nous sommes attaqués, il y a à riposter collectivement pour être capable de penser et de contrer les pratiques policières. Et ça, on ne le fait pas dans l’enceinte d’un tribunal, mais on l’élabore avec tous ceux qui les subissent. Ici, comme ailleurs, ce qui relève du possible dépend d’un rapport de force. Nous lançons un appel à toutes les personnes blessées avec la certitude que nous avons plus à partager que nos blessures.
http://faceauxarmesdelapolice.wordp...
Pour Salim, ce sont ses proches qui signent la tribune. Contact : http://faceauxarmesdelapolice.wordp...
Face aux armes de la police
Flashball, grenades et autres saloperies.