Valparaíso,  17 de julio de 2013

Señoras y señores Diputados:

Me llamo Enrique Eichin Zambrano.

El pasado 11 de abril, mientras nos retirábamos, mi compañera, su hija y yo de la multitudinaria marcha estudiantil que se llevó a cabo ese día, fuimos testigos del brutal actuar de Carabineros contra un grupo de estudiantes. Uno de los balines de pintura, que un funcionario de FF.EE de Carabineros disparaba a diestra y siniestra contra la masa de manifestantes, impactó  uno de mis ojos haciéndolo estallar. Hoy, a 97 días de la agresión, no sólo perdí la visión en mi ojo impactado, sino que tras 56 días de encomiables esfuerzos de parte de especialistas del Hospital del Salvador y de los puestos para mi atención solidaria por el Colegio Médico de Chile, hubo que desistir de la intención de salvar mi globo ocular: hace 37 días mi ojo inició un proceso de atrofia y los esfuerzos médicos se abocan hoy en el seguimiento de las condiciones para la pronta inserción de una prótesis.

Enrique Eichin en las manifestaciones - Paro nacional 26 junio 2013

El 15 de abril, estando hospitalizado, fui visitado en dos oportunidades por funcionarios de Carabineros de la 19ª Comisaría de Providencia, quienes se interiorizan de la gravedad de mi herida ocular y de las circunstancias que la originaron. Por iniciativa de ellos y en ningún caso mía, se ingresó una denuncia en la 4ª Fiscalía Militar dando origen a la causa Nº 837-2013 por el “presunto” delito de lesiones graves. Tres días más tarde, el día 18 de abril se ingresaron en la Dirección General de Carabineros las denuncias administrativas, siendo recepcionadas por el Coronel Palavicino junto a 2 altos Oficiales y que fueran firmadas por 5 ciudadanos que, en la misma manifestación, resultamos heridos en nuestros ojos por balines de pintura disparados por miembros de FF.EE. Esto da cuenta de que no se trata de un efectivo que actuó por su cuenta sino de un patrón de conducta circunscrito a una instrucción institucional. El día 24 de abril, el Coronel Renato Avello García, Fiscal que lleva la Investigación Interna de Carabineros, me afirmó que él investigaría sólo mi caso personal. Al parecer tras la denuncia que hiciéramos de esta situación (el 6 de mayo) ante la Comisión de DD.HH de la Cámara de Diputados, el Coronel Avello recibió la instrucción de su superioridad  institucional de investigar los otros 4 casos o al menos el de Germán Grunert. El mismo día 24, informé al Coronel Avello de la pérdida de mi visión en el ojo herido y puse a su disposición 3 fotografías para que investigara  y me confirmara la veracidad de los antecedentes que le  proporcionaba. En estas fotos aparece  un oficial de FF.EE  disparando, en el momento y frontalmente, hacia donde resulté herido. Hago  este pormenorizado  relato para expresar la sensación de burla que me produjo leer, el 7 de mayo, en un artículo del diario La Tercera la opinión vertida por el  Director General de Carabineros, con ocasión del levantamiento de la suspensión del uso de balines de pintura, justo un día antes de la segunda marcha convocada por la CONFECH, en la que afirma “no hemos recibido (información) de algún daño mayor que se haya provocado. No tenemos conocimiento de eso”. Dicha afirmación tiene sólo 2 lecturas posibles: el General Director no está al tanto de lo que ocurre en la institución que él dirige o lisa y llanamente está deliberadamente faltando a la verdad.

La justificación “técnica” para levantar la suspensión del uso de pistolas de pintura, publicitada en el citado artículo de La Tercera, es frágil y  contradictoria. El que sólo “se recomiende no disparar al rostro de manifestantes” significa que tal eventualidad será tolerada. Se anuncia que dotarán a estas armas de “instrumentos de mayor precisión” para concluir que “estamos viendo si existe otro dispositivo que tenga mayor certeza”. Tras la suspensión de estas armas, entre el 2010 y 2012, el uso restringido de ellas recae hoy en tenientes y capitanes y difícilmente se resolverá el que coroneles y generales salgan a disparar. El Colegio Médico, la Sociedad Oftalmológica de Chile, organizaciones civiles de DD.HH. y expertos en este tipo de armamentos no han sido considerados en el “informe técnico” realizado por los mismos que hoy hieren a manifestantes.

El  derecho que tenemos los ciudadanos a manifestarnos está consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos suscrita por nuestro país. Todo intento de amedrentar e inhibir a la ciudadanía de ejercer dicho derecho constituye una violación de los Derechos Humanos. La aplastante mayoría de los manifestantes no nos merecemos ser sujetos de ningún tipo de agresión de parte de quienes tienen la función constitucional de protegernos. Ciertamente la dependencia, forma y pertrechos que rigen el actuar de Carabineros se circunscriben a una decisión esencialmente política y no técnica. El que la intensidad de la represión se concentre sobre aquellas manifestaciones que cuestionan los intereses económicos  de una ínfima minoría que concentra la riqueza del país, no es casual y sin duda responden a una decisión política. Si no fuese así, no se justifica la complicidad gubernamental ante el violento actuar represivo ni  la tolerancia ante expresiones belicistas circunscritas a una trasnochada Doctrina del Enemigo Interno. Quienes deben responder en primer término por el incremento de la represión son los autores intelectuales y no los autores materiales de este proceder represivo.

El 8 de mayo, durante un marcha convocada por los estudiantes, un joven periodista de CNN-Chile fue cobarde y brutalmente agredido por civiles aún no identificados. Llama la atención que, mientras las víctimas de la represión del día 11 de abril seguimos esperando respuesta a nuestra solicitud de audiencia presentada el 19 de abril en la Oficina de Partes del Palacio de la Moneda, el ministro Chadwick reaccione  --esta vez-- con tal celeridad condenando la agresión al joven periodista. Condena que por cierto comparto, no así su llamado a la pronta aprobación de la denominada Ley Hinzpeter, que sólo persigue restringir y conculcar derechos ciudadanos y criminalizar la protesta social.

Finalmente, quisiera agregar mi preocupación porque, como bien deben saber, el año 2005, a raíz del caso Palamara Iribarne, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Chile la necesaria Reforma a la Justicia Militar para que bajo ninguna circunstancia un civil sea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares como sigue ocurriendo en la actualidad. El que no se implemente dicha orden constituye un verdadero escollo para el derecho a la justicia y el respeto a los DD.HH. que se nos debe a los ciudadanos. Me preocupa no sólo por el hecho de que obviamente la cancha está desnivelada en perjuicio de los civiles, sino también porque estimula y representa una especie de garantía de impunidad al actuar violento de parte de agentes del Estado. Creo que es un acto de denegación de justicia el que Jueces y Fiscales posean la posibilidad de declararse incompetentes ante sucesos en que civiles son víctimas del actuar violento de uniformados.

En virtud de todo lo expuesto, demando que esta Comisión de la Cámara de Diputados:

1- Exija, ante quien corresponda, la prohibición inmediata del uso de armamento que ocasiona lesiones a ciudadanos en el ejercicio de sus derechos consagrados en la Declaración Universal de DD.HH y suscritos por nuestro país.
2- Respecto del sumario administrativo que lleva Carabineros, solicito se recabe información sobre el estado de avance de las causas.
3- Solicito el uso de todas las facultades de esta Comisión para que, de una vez por todas, se acate el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y  resuelva este punto vergonzoso de la Justicia Chilena.

Termino, agradeciendo a los miembros de esta Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, participantes en esta sesión, la oportunidad que se me otorga de expresar mis denuncias y la confianza de que esta Comisión actuará en consecuencia.

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En esta reunión con la Comisión Investigadora sobre Derecho de Reunión y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, participaron los doctores Alvaro Reyes y Enrique Morales, por el departamento de derechos humanos del Colegio médico de Chile. Estuvieron presentes personeros de la Casa Memoria José Domingo Cañas, del Instituto Igualdad. No asistieron a la reunión otras víctimas de Carabineros. Sorprendentemente, se constató una presencia masiva de policías, miembros de las Fuerzas Especiales, encabezados por el general Alejandro Olivares González (17/07/2013).