Finalmente, quisiera agregar mi preocupación porque, como bien deben saber, el año 2005, a raíz del caso Palamara Iribarne, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Chile la necesaria Reforma a la Justicia Militar para que en ninguna circunstancia un civil sea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares como sigue ocurriendo en la actualidad. El que no se implemente dicha orden constituye un verdadero escollo para el derecho a la justicia y el respeto a los DD.HH. que se nos debe a los ciudadanos.

En virtud de todo lo expuesto, demando que esta Comisión de la Cámara de Diputados:

1- Exija, ante quien corresponda, la prohibición inmediata del uso de armamento que ocasiona lesiones a ciudadanos en el ejercicio de sus derechos consagrados en la Declaración Universal de DD.HH y suscritos por nuestro país.
2- Respecto de las denuncias administrativas, solicito se recabe información sobre el estado de avance de las causas y el nombre de los Fiscales que las sustancian.
3- Solicito el uso de todas las facultades de esta Comisión para que, de una vez por todas, se acate el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y  resuelva este punto vergonzoso de la Justicia Chilena.
4- Ya que el Ministro del Interior aún no responde a nuestra petición de audiencia, solicito se le cite a una sesión especial de la Cámara de Diputados a objeto que esclarezca:

I) Si es el Ministerio del Interior que él encabeza quien ha ordenado o autorizado el uso de armas que disparan balines de pintura.
II) Si le parece lícito y proporcional el que manifestantes, incluso aquellos que pudieran estar usando capuchas, puedan perder su visión como forma de resguardar el orden público.
III) Por qué tolera que un subalterno suyo, el Director General de Carabineros, emita declaraciones belicistas y propias de la Doctrina del Enemigo Interno, al referirse a su labor durante las manifestaciones sociales.
IV) Si existe una política de su Ministerio, tendiente a promover la autonomía de FF.EE de Carabineros, similar a la del Ministerio de Economía con el INE.

Aprovecho la ocasión para expresar que –a mi juicio– la sobre-exhibición de imágenes televisivas centradas en los actos vandálicos, forma parte de una sutil campaña que persigue atemorizar e inhibir a la ciudadanía de que ejerza su derecho a manifestarse y apunta también a la criminalización de la manifestación ciudadana.

Termino, agradeciendo a los miembros de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, participantes en esta sesión, la oportunidad que se me otorga de expresar mis denuncias y la confianza de que esta Comisión actuará en consecuencia.