Carta pública de una víctima de las balas de pintura policiales
El día 7/5/2013 el diario La Tercera publica un informe de Carabineros que avala el uso de balines de pintura.
El derecho que tenemos los ciudadanos a manifestarnos está consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos, suscrita por nuestro país. Todo intento de amedrentar e inhibir a la ciudadanía de ejercer dicho derecho constituye una violación a los Derechos Humanos. Los límites de la fuerza en el resguardo del Orden Público es una decisión que le corresponde al Ministro del Interior pues es una decisión política y no técnica.
El 11 de abril, al retirarme de la marcha estudiantil, un capitán de la Fuerzas Especiales de Carabineros (cuya identidad me ha sido confirmada verbalmente por Carabineros y a la espera de que dicha institución lo oficialice) me disparó desde 30 metros un balín de pintura que hizo estallar mi ojo, haciéndome perder irreversiblemente la visión de mi ojo derecho. El día 15 de abril, una capitana de Carabineros me fue a tomar declaraciones al Hospital del Salvador. El 18 de abril, 5 víctimas que resultamos con heridas oculares el día 11 ingresamos denuncias en la Dirección General de Carabineros, las que fueron recibidas por el Coronel Palavecino. El día 24 de abril me visitó el Coronel Avello García y le informé del cuadro médico antes expuesto. La afirmación del General Director de que "no hemos recibido información de algún daño mayor" tiene 2 lecturas: no está al tanto de lo que ocurre en la institución que él dirige o lisa y llanamente es una expresión de cinismo descarado.
El que sólo "se recomiende no disparar al rostro de manifestantes" dice que tal eventualidad será tolerada, lo que está muy lejos de una conducta de respeto a los Derechos Humanos. La aplastante mayoría de los manifestantes no nos merecemos ser sujetos de ningún tipo de agresión de parte de quienes tienen la función constitucional de protegernos.
El uso de balines de pintura estuvo suspendido entre el 2010 y el 2012. Quienes los disparan hoy son Oficiales incluso con rangos de hasta Capitán ¿van ahora a salir a disparar Coroneles y Generales?
Por una parte se anuncia que dotarán a las pistolitas famosas de "instrumentos de mayor precisión" para concluir que "estamos viendo si existe otro dispositivo que tenga mayor certeza". La suspensión de este tipo de armamento es producto del enorme rechazo que provocó en la opinión pública. Su utilización en la manifestación del 1 de mayo resultaba precipitada e impresentable y ahora ¡qué coincidencia! un día antes de una nueva y poderosa marcha estudiantil se levanta la suspensión.
El Colegio Médico, la Sociedad Oftalmológica de Chile, organizaciones de Derechos Humanos y expertos en este tipo de armamentos no han sido considerados en este "informe técnico" realizado por los mismos que hoy están hiriendo a manifestantes.
Las opiniones que el Director General ha venido señalando desde hace algunos días, dan cuenta de una actitud belicista contra los ciudadanos, circunscrita a una trasnochada Doctrina del Enemigo Interno. Es responsabilidad del Ministro Chadwick frenar este tipo de actitudes de un subordinado suyo.
Enrique Eichin Zambrano
Arquitecto
Santiago de Chile, 8 de mayo 2013
[ Fotografía de Enrique Eichin, 06/05/2013
Comisión de Derechos Humanos, Cámara de Diputados de Chile ]
Comentarios
Estimados todos,
En esta parte de Canada hemos seguido la infortunada noticia de lo ocurrido a E. Eichin desde el momento en que sucedió y sólo podemos lamentar sinceramente el daño irreversible causado al Sr. Eichin y manifestar repudio a las prácticas criminales de las fuerzas brutales de Carabineros que ya no fuerzas del orden, puesto que ellos son quienes provocan a los manifestantes.
Nunca se ha puesto freno a las agresiones a estudiantes indefensos y ahora a personas adultas que manifiestan una preocupación social. Si hay descontento social y el pueblo se manifiesta, es obvio que el gobernante de turno no está haciendo su trabajo. Reprimir a los manifestantes no será nunca solución a los problemas cada día mayores que aquejan a Chile.
Todo el aparataje gubernamental es responsable de estos actos delictuales de parte de los uniformados armados. No sólo Chadwick y la Comisión de DDHH de la Cámara debe responder por estos atropellos criminales contra una población sin armas.
Estos uniformados siempre han estado al servicio de quienes detentan el poder económico y nunca para servir al ciudadano común.
Buena suerte al Sr. E. Eichin con la atención médica que pueda recibir.
Cecilia Noverlla
per The Chilean Society - Edmonton
¿ Dónde está el informe de carabineros ?
Informe "técnico" según el diario La Tercera. ¿ Porqué no se hace público ? ¿ Qué hacen al respecto los parlamentarios chilenos que dicen defender los derechos humanos ?
Los informes de Naciones Unidas sobre la asimilación de este tipo de represión a formas de tortura son públicos y accesibles para todo el mundo. Los estudios sobre la peligrosidad de esta arma en particular se pueden consultar en todas partes, empezando por los clubes de paintball.
Pero el "informe" de carabineros de Chile, nadie lo conoce. No se sabe a qué especialistas consultaron, a qué instituciones de salud, de derechos humanos, y representantes de la ciudadanía recurrieron (no olvidemos que todo eso es financiado por todos los chilenos). A menos que sus "especialistas" se inspiren en los métodos y estrategias de la Gestapo nazi, o de la DINA - CNI chilena en cual caso efectivamnte es algo más difícil reivindicarlos.
( ... )
Saludos a todos
Declaración pública a la comunidad nacional e internacional
19 mayo 2013
La Comisión Ética Contra la Tortura ante la serie de personas secuestradas y torturadas recientemente en Chile señala lo siguiente:
1.- Hace un año atrás advertíamos a la opinión pública que el Gobierno de Piñera al enviar un proyecto de ley con mayores restricciones a las manifestaciones públicas, con drásticas prohibiciones a los derechos de reunión, expresión, asociación y manifestación, similar al que establece la instalación de un Estado de Sitio, iniciaba una espiral represiva cuyo objetivo central era el control del cuerpo social, su inmovilidad, y la incapacidad de continuar movilizándose por sus derechos.
2.- Hoy, y aún cuando el Parlamento no ha aprobado dicho proyecto de ley, el Ministerio del Interior quien tiene bajo su mando el actuar policial, sencillamente se ha colocado al margen de la Ley y del Estado de Derecho al permitir el secuestro y torturas de personas. Sin la más mínima voluntad de investigar los hechos denunciados, el Ministerio del Interior, muy por el contario, ha salido públicamente a justificar el accionar policial pasando, de la represión a las marchas públicas y su criminalización, a perseguir directa y singularmente a los manifestantes usando el secuestro y la tortura para detenerlos sin orden judicial alguna.
3.- Hemos visto con estupor que no se trata de hechos aislados ni de un equipo policial que actúa al margen de todo mando. Se trata de una acción diseñada, concertada y ejecutada por agentes del Estado que se saben impunes y respaldados. En menos de una semana han secuestrado y torturado a un estudiante del Liceo Barros Borgoño, de 17 años de edad, el día 8 de mayo en Santiago centro; a un estudiante universitario en Temuco, el mismo día 8 de mayo en el contexto de la manifestación estudiantil convocada por la CONFECH; a ello se agrega el secuestro de 3 alumnos menores de edad en las inmediaciones del Liceo Barros Borgoño el día 9 de mayo en momentos que los estudiantes se juntaban para ir a los tribunales donde su compañero secuestrado el día anterior sería formalizado; el día 14 de mayo; también una Observadora de Derechos Humanos fue secuestrada a plena luz del día, por personas que no se identificaron, que la golpearon, mostraron fotos de manifestantes y la amenazaron de muerte. A esto se agrega el reclamo hecho a las autoridades pertinentes por dos Fiscales de la República por la agresión de que ellos fueron objetos en el Centro de Justicia de Santiago el 9 de Mayo, por parte de miembros de fuerzas especiales de Carabineros, en el contexto de la formalización de los estudiantes detenidos y las denuncias de torturas que realizaban públicamente sus compañeros.
4.- Es necesario detener esta situación de lo contrario se avanza peligrosamente al estrangulamiento de los espacios democráticos. La policía no puede pasar a llevar a otro poder del Estado como son los Tribunales de Justicia y la Fiscalía Pública, quienes tienen como mandato investigar los delitos, aplicar las leyes y las sanciones contempladas para las personas que comenten algún delito. De ningún modo el poder ejecutivo ni policía alguna tiene atribuciones para secuestrar y menos torturar a las personas, y en el caso de los menores de edad existe la obligación de comunicar en el plazo más breve y de manera imperativa la detención a sus padres.
5.- Es necesario recordar al Gobierno, y especialmente al Ministerio del Interior y a las instituciones policiales, que la prohibición absoluta de torturar en nuestro país tiene vigencia desde fines de la década de los 80. Y que desde hace más de 3 años el Estado de Chile se comprometió ante Naciones Unidas a generar el Mecanismo Nacional que investigue todo acto de tortura atendiendo a las obligaciones que se derivan de la ratificación por parte de Chile del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.
6.- Por todo lo anterior llamamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos a colocar la atención sobre las personas que han sido objeto de secuestro y torturas, y a las secuelas y el daño que se les ha causado; a solicitar a los Tribunales de Justicia una investigación exhaustiva, que logre identificar a los agentes del Estado que han actuado en estos hechos y a los mandos que han ordenado estas acciones. Exigir a quien corresponda sancionar debidamente el delito de tortura, de acuerdo a la tipificación que hace la Convención Internacional que Chile ha firmado y ratificado. De nuestra parte enviaremos estos antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), y no descartamos pedir medidas cautelares ante esto organismos para dar mayor seguridad a los defensores de derechos humanos en Chile.
7.- Finalmente, llamamos a las ciudadanas y los ciudadanos movilizados por sus derechos a organizarse para estrechar los lazos de solidaridad al interior de sus organizaciones y fomentar el autocuidado de sus miembros. Instamos al Parlamento y especialmente a las Comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras a investigar e interpelar al Ministro del Interior y a los Directores de ambas policías. Convocamos a las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos a informar a las diferentes organizaciones sociales sobre esta grave situación a fin que expresen su más rotundo rechazo a la tortura.
COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA
Santiago de Chile 15 de Mayo de 2013
http://www.contralatortura.cl/